Tras la agenda del debate

Por Ismenia Ardila Díaz
isardiaz@gmail.com

Violencia, tierras, pobreza y corrupción se convirtieron en los temas centrales del debate político electoral del Cauca. Pasan los años y la agenda no parece cambiar, con la gravedad de cifras disparadas y nuevos elementos y actores detonantes como la parapolítica, las Bacrim y la cultura mafiosa, entre otros.

No podemos echarnos mentiras, la situación del departamento es lo suficientemente delicada y tiene graves ingredientes, como para evadir el debate. Por eso, estos temas no sólo están en los discursos de plaza de los candidatos, sino que por fortuna han ocupado espacios centrales en foros y conversatorios programados por organizaciones sociales y medios de comunicación que han permitido profundizar más allá de las posturas publicitarias y reconocer las diferentes visiones de los aspirantes, además de agitar el caldeado ambiente y la nota diaria en los mentideros políticos.

La discusión en torno a la crisis económica, social y moral y sus efectos, de la que no podemos sustraernos, debe estar obligatoriamente en el escenario de la confrontación para aportar a la ilustración ciudadana y la formación misma de una cultura política que contribuya a la participación ilustrada, que geste decisiones, verdaderos cambios y prontas soluciones a expresiones como la creciente marginalidad y violencia, la insolidaridad, la apatía e incultura ciudadana, el clientelismo, las prácticas ilegales y la desconfianza misma hacia las instituciones del Estado.

Ante una sociedad cada vez más mediatizada, las campañas políticas le apuestan en su mayoría al protagonismo en los medios de comunicación masiva para ganar la atención diaria. Vemos un debate trasladado a los medios que exige profundidad.
Más allá de contribuir a la divulgación de los programas de gobierno propuestos por los aspirantes, necesitamos que nuestros periodistas además de agitar la polémica que se traduce en mayor raiting, contribuyan en este sentido.

Alentar también a aquellos que de manera seria insisten en esta dirección y en contribuir al destape del tráfico de influencias, la cooptación de las dependencias y despachos públicos por personajes y reducidos grupos –incluso familiares- con fines electoreros, enriquecimiento y beneficios personales sobre el interés particular, so pena de castigos publicitarios, todo tipo de presiones e incluso demandas judiciales.
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Necesitamos amplia pedagogía a propósito de la aplicación del Estatuto Anticorrupción y todas las implicaciones que tiene, para que no se quede en letra muerta y se pueda ejercer autoridad y justicia con esta nueva herramienta legal, máxime cuando sabemos que “hecha la ley, hecha la trampa”. Detalles para eliminar la ‘puerta giratoria’, aplicar la acción de repetición, las nuevas implicaciones para interventores y supervisores, la colusión en las licitaciones, las inhabilidades para los financiadores de campañas políticas y los ex servidores públicos y sanciones al tráfico de influencias, entre otros, deben ser objeto de amplio conocimiento y estudio.
Interesante que los candidatos además de cuestionar la corrupción formulen y anuncien estrategias puntuales para asegurar la cacareada transparencia. Necesitamos compromisos creíbles en tiempos tan complejos.