Por Istmenia Ardila Díaz
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No parece tomar mucha fuerza el reencauchado proyecto de reelección de gobernadores y alcaldes y ojalá que así sea. En un país con una escasa cultura política, donde las elecciones se definen en buena parte por las prebendas que entregan los aspirantes y sus ‘patrocinadores’ a última hora, este puede considerarse también un verdadero riesgo para la democracia.
Sin duda que hay excepciones, pero no olvidemos que todos los días amanecemos con un escándalo más de corrupción, aún en los escenarios municipales más abiertos y visibles de las grandes ciudades. Qué decir de contextos pequeños, donde la hegemonía de los poderes locales encontraría un camino seguro para la perpetuidad de las roscas políticas. De hecho sin reelección lo han logrado por mucho tiempo. Es evidente que no basta con un mal o buen ejercicio de gobierno, principal argumento para determinar el premio o castigo en las urnas. Eso está por verse. Sabemos que los factores que determinan los resultados electorales van más allá.
“El poder se compra en Colombia”, dijo un dirigente caucano hace algunos días mientras anunciaba una iniciativa en la cacareada pero nada efectiva lucha contra la anticorrupción. Nada más cierto y más complejo de combatir cuando las prácticas y estilos son cada día más refinados y por supuesto, las sanciones como las mismas acciones preventivas siempre llegan tarde y los aprendizajes ciudadanos no se ven.
Por ejemplo, eso de que los sitios Web de las entidades del Estado son garantía de transparencia es puro cuento y no falta el funcionario que se lo cree y cree que todos se lo creen. Los expertos en corrupción también hay diseñado un sistema perfecto para ‘jugar’, por ejemplo, con la publicación de convocatorias y licitaciones, un tema que nadie controla minuto a minuto y que se presta para muchas cosas. Y es que la lista de estrategias para acceder a la contratación estatal amañadamente también ha permeado estos sistemas presentados oficialmente como modelo de ‘transparencia’. Lamentablemente no lo son por sí mismos y ahí hay mucha ‘tela pa’ cortar’.
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Regocijo mundial por el histórico rescate de los 33 mineros de Chile y un show mediático que movilizó toda clase de sentimientos, propicio para múltiples análisis. Al margen del tema del cual ya se están ocupando muchos, válido preguntar una vez más: ¿Cuántos mineros han muerto sepultados en Colombia sin posibilidad alguna de recuperar siquiera sus cuerpos? Cuántas tragedias e historias sin fin alrededor de la dura realidad de la minería artesanal en nuestro país? con un final muy distinto al de los vecinos del sur del continente.
Buen pretexto para recordarlos. Aquí mismo en Suárez, por ejemplo, ya perdimos la cuenta de tantos hechos luctuosos. Muchos todavía frescos como los múltiples anuncios de acciones gubernamentales que hasta ahora no parecen avanzar un ápice. El tema sigue vigente, precisamente ahora que se anuncian múltiples concesiones de explotación y bonanzas por cuenta de la minería en Colombia. ¿Y en el Cauca qué? Contextos distintos, por supuesto, pero en la euforia del caso chileno, vale la pena recordar los tristes finales en nuestro territorio por cuenta de la ‘fiebre del oro’, la minería ilegal y las gravísimas consecuencias ambientales. ¿Será que algo ha cambiado?
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